Morelos se consolida como uno de los últimos bastiones de resistencia legislativa en México frente a los derechos reproductivos de las mujeres. Tania Osiris Cabrera, vocera de la campaña “Aborto Legal Morelos”, denunció que el Congreso del Estado mantiene un rezago histórico al aplazar sistemáticamente la discusión para despenalizar la interrupción del embarazo, situando a la entidad en el grupo de los únicos cinco estados de la República que aún no eliminan este delito de su Código Penal.

Denuncian tácticas dilatorias en el Poder Legislativo

De acuerdo con la activista, el estancamiento en el Congreso no se debe a tecnicismos jurídicos, sino a una marcada falta de voluntad política por parte de las y los diputados. Cabrera señaló que actualmente ya existen iniciativas listas para su análisis y diversos amparos que deberían obligar a la discusión; sin embargo, los legisladores han recurrido a argumentos como la falta de quórum o la necesidad de una “revisión profunda” de las propuestas para evitar llevar el tema al Pleno.

“El Congreso continúa aplazando una discusión que es urgente para la salud y la libertad de las mujeres morelenses”, sostuvo la vocera, quien enfatizó que esta omisión legislativa ignora los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto.

Morelos en el rezago nacional

Con la permanencia del aborto como delito en el Código Penal local, Morelos se mantiene en una lista minoritaria de entidades que no han armonizado sus leyes con el marco de derechos humanos vigente en la mayor parte del país. Osiris Cabrera subrayó que este retraso vulnera directamente el acceso a la justicia y a servicios de salud seguros para las mujeres en el estado.

Para las organizaciones civiles, el argumento de la falta de quórum es percibido como una estrategia para evadir los costos políticos de la votación, anteponiendo intereses particulares o de grupo por encima del derecho a decidir. La campaña “Aborto Legal Morelos” adelantó que continuarán con la presión social y jurídica para que el estado abandone el deshonor de ser una de las cinco entidades con mayor retraso en la materia.