El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció la decisión de posponer hasta septiembre la aprobación de la reforma constitucional que pretende bloquear la participación de partidos opositores en futuros comicios. Tras una semana de declaraciones del mandatario en las que afirmó que “no volverá a haber elecciones” para evitar avances de sus detractores, la medida ha suscitado una condena unánime de la comunidad internacional, incluyendo a organismos como la ONU y naciones como Estados Unidos.

Consulta diplomática y postergación

La copresidenta Rosario Murillo informó este lunes 27 de julio de 2026 que la votación del proyecto —originalmente prevista para agosto— se trasladará al próximo mes para cumplir con un proceso de consultas que incluirá al cuerpo diplomático, empresarios e inversionistas. El objetivo declarado es presentar el dictamen final ante la Asamblea Nacional en los primeros días de septiembre.

“Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días de septiembre”, señaló Murillo a través de medios estatales.

“Muro de leyes” contra la oposición

La iniciativa surge a petición directa de Daniel Ortega, quien durante el acto del 47° aniversario de la revolución sandinista el pasado 20 de julio, descartó cualquier posibilidad de permitir que la oposición recupere el poder por la vía electoral. Ortega calificó a sus adversarios como “vendepatrias” y “golpistas”, exigiendo la creación de leyes que actúen como un muro contra las denominadas conspiraciones extranjeras.

El mandatario nicaragüense, de 80 años, quien retornó al poder en 2007, sostiene que el sistema electoral debe ser reformado para impedir lo que denomina intentos de Estados Unidos de “atrapar el gobierno”.

Rechazo internacional e institucional

La propuesta ha generado una fuerte reacción global. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, advirtió que la administración de Donald Trump y la comunidad internacional no permitirán que la dictadura profundice la represión que amenaza la estabilidad nacional. Por su parte, la ONU ha recordado que el control absoluto ejercido por la pareja presidencial sobre la Asamblea Nacional y el poder judicial ha facilitado un entorno hostil para los derechos políticos desde las protestas de 2018.

En las elecciones de 2021, el régimen encarceló a sus principales rivales y los obligó al exilio, obteniendo la reelección sin una competencia real, un patrón que críticos advierten que se consolidará definitivamente con la aprobación de esta nueva reforma en septiembre.