Una iniciativa presentada en el Congreso de Guanajuato propone castigar con hasta dos años de prisión y multas de 50 a 100 días a quienes realicen llamadas falsas o de broma al número de emergencias 911.

La propuesta busca reformar el Código Penal estatal e incorporar el delito de uso indebido de los servicios de emergencia.

La iniciativa establece penas de dos meses a dos años de cárcel para quienes reporten emergencias falsas con el propósito de movilizar a los cuerpos de auxilio. Las sanciones aumentarían 50% si la movilización ocasiona daños materiales a unidades institucionales o particulares.

Como argumento, el legislador citó datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, según los cuales durante 2025 se recibieron casi 55 millones de llamadas de emergencia en el país. De estas, alrededor de 41.9 millones fueron clasificadas como falsas, bromas, incompletas u otras.

Este tipo de reportes distrae personal y recursos que podrían destinarse a atender emergencias reales. La propuesta busca inhibir estas conductas y proteger el funcionamiento de los servicios de auxilio.