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Los gobiernos de España y Nicaragua expulsaron mutuamente a sus embajadores y a otros altos funcionarios, en un nuevo episodio de tensión que se arrastra desde hace varios años.
El conflicto se detonó el sábado pasado, cuando el gobierno de Daniel Ortega ordenó la expulsión de siete ciudadanos españoles, entre ellos el embajador en Managua, Sergio Farré Salvá, y al número dos de la misión diplomática, Miguel Mahiques Núñez. Además de otros cinco funcionaros españoles que fueron detenidos y posteriormente expulsados del país.
En respuesta, el gobierno español ordenó la salida inmediata del embajador nicaragüense en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, así como de su segundo al mando. La Cancillería española señaló que, pese a la medida, continuará trabajando por mantener “las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”.
Esta nueva escalada se suma a antecedentes de fricción, como la crisis de 2021, cuando España llamó a consultas a su embajadora tras acusaciones de injerencia por parte de Managua. Aunque el diferendo parecía superado en 2023, el gobierno nicaragüense ha mantenido su rechazo a la política española de asilo a opositores y críticos del régimen de Ortega.

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