Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante la Mañanera del Pueblo, presentó los alcances y etapas de implementación de la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, la cual busca asegurar la protección laboral y seguridad social para repartidores, conductores y otros trabajadores del sector, sin afectar su autonomía, aseguró.

La normativa, que reconoce una relación laboral “subordinada” sui generis para quienes generen al menos un salario mínimo mensual. Aquellos con ingresos menores serán clasificados como “trabajadores independientes”, pero también contarán con protección frente a riesgos de trabajo.

Los trabajadores “subordinados” estarán afiliados al IMSS y al Infonavit, con acceso a prestaciones como atención médica, guarderías, seguro por maternidad, invalidez, cesantía y vivienda. Bolaños subrayó que el objetivo es proteger a los trabajadores sin imponer cargas fiscales adicionales ni alterar el modelo de flexibilidad que caracteriza al sector.

La reforma, publicada el 24 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe cobros por el uso de las apps, exige transparencia algorítmica y sanciona la simulación de contratos civiles. Además, garantiza que las quejas sean atendidas por personas y no por sistemas automatizados, y establece protocolos contra acoso y hostigamiento laboral.

La implementación iniciará con un programa piloto, con reglas generales emitidas por el IMSS y lineamientos sobre ingreso neto que la STPS publicará la próxima semana. Esta fase de prueba se extenderá hasta el 31 de diciembre, para evaluar su efectividad y realizar ajustes operativos.

El secretario destacó que la reforma fue resultado de más de 50 mesas de diálogo con plataformas digitales, representantes de trabajadores, el IMSS e Infonavit. También aclaró que quienes ya estén pensionados o coticen bajo la modalidad 40 podrán trabajar en plataformas sin perder sus derechos adquiridos.

Con esta medida, el Gobierno federal busca sentar un precedente en América Latina sobre cómo regular el trabajo digital sin sacrificar derechos laborales ni obstaculizar la innovación tecnológica.